La región de Antofagasta, en el norte de Chile, lleva consigo los signos tangibles de un proceso de intenso saqueo que dura más de un siglo. Hoy, más que nunca, esta región se encuentra en el ojo del huracán, aplastada entre las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo, enormes áreas industriales, estanques de evaporación para la producción de litio por un lado, y nuevos megaproyectos ligados a los actuales procesos de transición verde por el otro.
Los gigantescos proyectos de hidrógeno verde, los interminables campos de paneles fotovoltaicos y los parques eólicos representan, hoy en día, por un lado la nueva frontera de desarrollo en el desierto más árido del mundo y, por otro, el enésimo proceso de explotación al que se someterá la región. A la extremadamente contaminante industria de extracción de materias primas se sumarán así nuevos procesos de ocupación territorial y explotación de las aguas. El objetivo parece ser convertir esta industria extractivista en un coloso de la extracción verde global, integrando en este espejismo la perspectiva de abrirse a un nuevo mercado, el de la energía.
Un territorio de sacrificio
La región de Antofagasta tiene una larga historia de extractivismo que se remonta a la época colonial y que ha visto una significativa intensificación durante el siglo XX. Sus recursos mineros, entre ellos cobre, litio, oro y salitre, han atraído inversiones y han dado lugar a intensos procesos de explotación por parte de empresas nacionales e internacionales.
El territorio de Antofagasta fue sacrificado hace ya mucho tiempo. Las minas de cobre han jugado un papel crucial en el desarrollo económico de Chile. La mina de Chuquicamata, cerca de Calama, por ejemplo, es una de las minas de cobre más grandes del mundo y tiene más de un siglo de historia. Paralelamente, en las últimas décadas, el litio ha cobrado una importancia particular: primero para la producción de armas nucleares, luego para la industria de las tecnologías de la información y la comunicación, y cada vez más hoy en día para la fabricación de motores eléctricos y tecnologías de almacenamiento de energía.
El litio es la materia prima del momento, así como el salitre (nitrato de sodio) fue el material del pasado, históricamente usado para la producción de fertilizantes y explosivos. El impacto de estas actividades extractivas sobre el medio ambiente y los habitantes del territorio es cada vez mayor, desde la fuerte degradación del suelo y los recursos hídricos hasta llegar a una economía completamente subordinada a los lobbies de extracción.
Sin embargo, hoy, en lugar de aliviar la presión sobre los recursos esenciales de un territorio ya tan sacrificado y sometido a una gran presión, la región de Antofagasta atraviesa una nueva fase de expansión y desarrollo orientada hacia el modelo energético de la transición. La zona se encuentra en el centro del debate público nacional debido a los nuevos acuerdos entre el gobierno y las empresas que, desde hace décadas, operan en el gran Salar de Atacama, extrayendo principalmente agua dulce, litio y agua salada (salmuera), además de potasio. La intención es expandir la actividad de extracción del llamado «oro blanco» a los territorios adyacentes, afectando así a otros Salares.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Minería, casi un tercio del territorio (en rojo) de la Región de Antofagasta está de hecho en concesión, sacrificado para ser o convertirse en un territorio extractivo.
Fig. Mapa de la Región de Antofagasta elaborado con datos nacionales actualizados a 2021. En rojo las concesiones mineras (de Chiara Braucher).
Nada cambia: la transición extractivista
Nos encontramos en el desierto más árido del mundo, donde el sol brilla 360 días al año y donde, desde enormes cuencas de agua prehistórica o de rocas sedimentadas durante milenios, cerca de ecosistemas muy frágiles, se extraen materias primas de todo tipo. Este proceso está en continua expansión, tanto para la extracción de materias primas como el litio y el cobre, como para los nuevos proyectos “verdes”. Estas nuevas iniciativas son menos conocidas y discutidas que los dañinos procesos de extracción de materias primas, pero están destinadas a transformar profunda e irreversiblemente el territorio de Antofagasta.
Están previstas mega plantas de desalación de agua marina, numerosos parques eólicos y fotovoltaicos, y algunos proyectos para la producción de hidrógeno verde. Para producir hidrógeno “verde” se necesitan dos “recursos”: agua y energía (que debe obtenerse de instalaciones de energía renovable para considerarse “verde”). Para llevar adelante estos ambiciosos proyectos, el gobierno chileno necesita construir una densa red de proyectos profundamente interdependientes entre sí, transformando este territorio en un centro estratégico para la extracción energética. Nuevamente, incluso la transición hacia una industria más sostenible recaería de manera asimétrica sobre quienes habitan estos territorios, que durante muchas décadas han sido sacrificados para la acumulación y extracción de valor.
Los proyectos de hidrógeno verde, considerados necesarios para el proceso de transición en curso, necesitan parques solares y eólicos, así como plantas desalinizadoras de agua marina para funcionar. Obviamente, estos procesos tienen diversos impactos que afectarán el medio ambiente, la economía y las comunidades locales.
Desde una perspectiva ecológica, ya la ocupación de territorio, los procesos de cimentación y la transformación para la instalación de mega plantas de energías renovables impactan los ecosistemas frágiles, alterando las rutas migratorias de las aves y poniendo en peligro de extinción a la flora y fauna. Sin embargo, el impacto más fuerte de una planta de producción de H2 verde es el consumo sinérgico de agua y energía, que representa, obviamente, un tema importante en el desierto más árido del mundo.
La cantidad de agua consumida en el proceso de producción de hidrógeno verde resulta controvertida. En algunas estimaciones, la demanda de agua para la síntesis del hidrógeno verde podría representar el 5% de la producción actual de agua desalinizada anual. Sin embargo, Ramírez y otros estudiosos, en un trabajo de 2023, afirman que, considerando el proceso completo, este porcentaje podría aumentar hasta al menos el 10% del agua desalinizada en todo Chile. De hecho, si el agua utilizada para el proceso de electrólisis es de alrededor de 9-10 litros por kilo de hidrógeno, es necesario considerar también que los procesos de purificación y enfriamiento utilizan grandes cantidades de agua, aproximadamente 10-20 litros; las estimaciones rondan los 20-30 litros de agua por kilo, duplicando la necesidad de agua desalinizada para la producción de hidrógeno verde en comparación con estimaciones más conservadoras.
La Estrategia Nacional para el Hidrógeno Verde fue lanzada por el estado chileno en noviembre de 2020. La expectativa original era tener 300 GW de capacidad de generación asociada al hidrógeno verde para el año 2050 (Ministerio de Energía, 2020). Los datos de abril de 2024 muestran solo 34 GW de capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional, del cual el 45,1% está constituido por fuentes de energía renovable no convencional, como energía geotérmica, biomasa, energía marina y solar. En 2021 fue aprobada la iniciativa Ventana al Futuro y en 2023 el Plan de Acción para el hidrógeno verde, mientras que el informe final se publicó en abril de 2024. Este documento tiene el objetivo de detallar la estructura de gobernanza del hidrógeno en Chile, priorizar las líneas de acción y definir distintas etapas de implementación de las medidas. Paralelamente, el programa Ventana al Futuro decretó un período excepcional de asignación directa de terrenos, sin licitación pública, con la condición de que sean utilizados para producir energía destinada a la producción de hidrógeno verde, localizando 12 de los 16 proyectos de hidrógeno verde a nivel nacional en la región de Antofagasta.
Diversos organismos financieros y políticos internacionales han desempeñado un papel destacado en influir en las perspectivas de desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados en Chile, así como en las expectativas de viabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los actores principales que han contribuido a la definición de este plan son el Banco Mundial, la Unión Europea y las agencias de desarrollo de España y Alemania, con el objetivo de importar energía verde a Europa y cumplir con los acuerdos internacionales de descarbonización. Esto se convierte, entonces, en otro proceso de extracción intensivo y extensivo desde un territorio que solo beneficia a empresarios y gobiernos locales que colaboran con potencias internacionales. En la figura que sigue, se observa cómo los círculos rosados, que representan las aplicaciones internacionales, son más grandes que los círculos verdes, que indican el uso doméstico: gran parte de los productos de esta industria estarán, por lo tanto, destinados a la exportación.
Fig. Gráfico que muestra el desarrollo previsto de las aplicaciones del hidrógeno verde y su evolución en el tiempo (Estrategia Nacional de Hidrógeno verde 2020).
La transición verde puede, por lo tanto, reproducir o agravar dinámicas de explotación propias de los procesos extractivistas. En este sentido, el extractivismo encuentra nuevas estrategias para reproducirse y aumentar su capital, redistribuyendo los costos de este proceso de explotación sobre los habitantes del territorio y sobre las poblaciones originarias Licanantay o Changa.
El contexto de sobreexplotación y las heridas que reporta el territorio de Antofagasta hablan de los efectos que los procesos extractivistas producen en los territorios: daños ambientales, transformación cultural radical y construcción de procesos de interdependencia entre los habitantes y los mismos procesos extractivistas. No se logra salir ni transitar fuera del extractivismo, sino solo reproducir un mismo sistema, una transición extractivista.
A pesar de una enorme cantidad de proyectos y una narrativa pública muy presente, todavía se sabe poco del proceso de transición en el norte de Chile. Solo unos pocos proyectos están efectivamente en una etapa en la que se comienza a comprender dónde estarán y cuál será su impacto real: la planta INNA en Paposo, la planta que se construirá en Calama y la planta para la producción de hidrógeno y amoníaco verde de Volta en Mejillones. En el mapa se indica en azul la planta fotovoltaica que proporcionará la energía para producir hidrógeno y amoníaco verde para la planta en Mejillones. En celeste se destacan las colonias conocidas de gaviotín chico, una especie clasificada como “en peligro” (mapa facilitado por la Red de Observadores de Aves Silvestres ROC)
Imagen que muestra el proyecto verde de hidrógeno y amoníaco de Volta en Mejillones, región de Antofagasta (por Gabriela Cabaña).
Hoy, frente a estas amenazas que abren nuevas fronteras de explotación en nombre de una transición verde, algunos alzan la voz en contra del aumento de las cantidades extraíbles de litio, la expansión de la extracción a otros salares, y también contra los mega-proyectos de energías renovables y de producción de hidrógeno verde. La zona de sacrificio de Antofagasta, en el norte de Chile, enfrenta hoy un conflicto socioambiental muy profundo debido al modelo energético-extractivista, que, según EJAtlas, que hace poco incluyó una entrada sobre este conflicto, «representa una injusticia ambiental para el desarrollo local de los territorios, afectando de manera particular al pueblo Chango». Estos son solo algunos ejemplos de una lucha visceral, a veces compleja e interna, para defender un territorio tan frágil como remoto y difícil de habitar.
* Chiara Braucher trabaja en la Universidad de Trento y es doctoranda en ciencias sociales. Se ocupa de procesos extractivistas, transición energética y prácticas socio-ecológicas. Escribe para algunas publicaciones de información y divulgación.
IG: @chiarabraucher
*Gabriela Cabaña es socióloga y doctora en antropología. Actualmente es investigadora en la Fundación Tantí, donde lleva a cabo un estudio sobre los impactos de la naciente industria del hidrógeno verde en la región. Este artículo surge de una colaboración con Fundación Tantí, una organización que se dedica a la protección de los ecosistemas desde una perspectiva situada, enfocándose especialmente en las zonas húmedas de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, Chile.